EL COVID-19 Y SUS CONSECUENCIAS EN LOS TRÁMITES DE EXTRANJERÍA


No es novedad que la pandemia del COVID-19 trajo muchas consecuencias para los extranjeros que viven en España y que dependen de los trámites de la Administración Pública para mantener sus documentos actualizados para poder vivir y trabajar legalmente.

El Gobierno, no obstante, intenta hacer su parte para que los extranjeros no sean afectados de forma negativa por todo el impacto negativo de la crisis.

Ayer la Dirección General de Migraciones publicó 3 instrucciones, por las que ha flexibilizado los requisitos de los trámites de reagrupación familiar de menores, arraigo social y renovación de autorización de trabajo por cuenta ajena y propia.

LOS CAMBIOS EN LOS TRÁMITES DE REAGRUPACIÓN FAMILIAR

La Instrucción DGM 4/2020 modificó, dentro del contexto de las crisis del COVID-19, la interpretación del artículo 54 del RELOEX cuando se trate de la reagrupación familiar. En ese supuesto, se flexibilizará la cuantía mínima exigida en el momento en el que se efectúa la solicitud de la autorización y también la perspectiva de mantenimiento de los medios económicos, de forma a atender el interés del menor y las circunstancias del caso concreto.

En atención a estos criterios, la cuantía a justificar será la siguiente:

· En caso de que se alcance la cuantía resultante de aplicar los umbrales previstos en la ley, la autorización será concedida. El IPREM para 2020 asciende a 537,84 euros, por lo que una unidad familiar de dos miembros requiere 806,76 euros/mes, de tres 1.057,68 euros/mes y de cuatro 1.344,60 euros/mes;


· En caso de que no se alcance esa cuantía, se concederá la reagrupación a los menores si el reagrupante acredita medios económicos provenientes de una fuente estable de ingresos igual o superior al salario mínimo interprofesional para 2020, o sea 950 euros mensuales;


· Para aquellos casos en los que no se alcance dicha cuantía y en atención a la situación del menor para una unidad familiar de dos miembros, siendo uno de ellos un menor de edad se exigirá el 110% del IPREM (591,62 euros/mes) y, por cada menor de edad adicional, se exigirá un 10% adicional con el tope máximo del 150% del IPREM (806,76 euros/mes).

En relación con la estabilidad de los medios económicos, se entenderá que existe un contrato de trabajo incluso cuando, en el momento de la solicitud, el reagrupante se encuentre afectado por un ERTE o por una reducción, total o parcial, de la jornada en relación con personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar.

LA FLEXIBILIZACIÓN EN LAS RENOVACIONES DE LAS AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA Y/O TRABAJO


La Instrucción DGM 5/2020 flexibiliza algunos de los requisitos que deben ser acreditados por los extranjeros especialmente no que toca a las relaciones de trabajo.

En ese supuesto, para las renovaciones de autorización por trabajo por cuenta ajena, a efectos de acreditar “la continuidad en la relación laboral que dio lugar a la concesión de la autorización cuya renovación se pretende”, “la realización habitual de la actividad laboral para la que se concedió la autorización durante un mínimo de seis meses por año” o que “el trabajador haya tenido un periodo de actividad laboral de al menos tres meses por año” se entenderá que se mantiene el contrato de trabajo incluso cuando, en el momento de la solicitud, el trabajador se encuentre afectado por un ERTE o por una reducción, total o parcial, de la jornada en relación con personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar.

A efectos de verificar que el trabajador tiene el derecho a la renovación por que sea beneficiario de prestación contributiva por desempleo o asistencia de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral, se considerarán, entre otras que se puedan implantarse, el Ingreso Mínimo Vital y el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar.

Tales condiciones serán también consideradas para que el trabajador pueda acreditar que “se ha encontrado trabajando y en alta el régimen correspondiente de la Seguridad Social durante un mínimo de nueve meses en un período de doce, o de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro.

Finalmente, se entenderá cumplimentado el requisito de no disponer de un nuevo contrato de trabajo siempre y cuando “su ultima relación laboral se hubiese interrumpido por causas ajenas a su voluntad y haya buscado activamente empleo” cuando la relación laboral se extinga con ocasión de las consecuencias económicas del COVID-19.

Para los casos de renovación de las autorizaciones de trabajo por cuenta propia hay que subrayar que la continuidad de la actividad se entenderá acreditada, en todo caso, si el extranjero que solicita la renovación hubiese percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad, pero en el momento de la solicitud ya ha retomado su actividad o si estuviese percibiendo prestación extraordinaria por cese de actividad en el momento de la solicitud.

Los profesionales altamente cualificados que necesiten solicitar renovación de su autorización de trabajo también podrán acreditar “el cumplimiento de los requisitos exigibles para la concesión de una autorización inicial” si se encuentren afectados por un ERTE.

LA NUEVA INTERPRETACIÓN DE LA LEY EN LOS PEDIDOS DE ARRAIGO SOCIAL

La Instrucción DGM 6/2020 trae flexibilizaciones en la acreditación de algunos de los requisitos necesarios para la concesión de los arraigos sociales que se han visto afectados por la crisis del COVID-19.

Así que para aquellos que hayan solicitado el arraigo social y cuya relación laboral inicial se hubiese extinguido antes de se proceder al alta en la Seguridad Social y no encuentren un nuevo contrato en los términos exigidos podrán, en ese mismo periodo de 45 días hábiles, aportar el informe de arraigo social. En aquellos casos en los que el informe todavía no se disponga, será suficiente con la presentación de su solicitud, iniciándose un plazo de 30 días para poder aportarlo, mientras el cual, el procedimiento quedará suspendido.

En relación con el arraigo presentado por extranjero que no aporta contrato de trabajo sino informe de inserción social que acredita vínculos familiares con residentes legales y que recomienda se exima de contrato de trabajo por acreditar medios económicos suficientes, la suficiencia debe ser entendida de forma flexible. De esta forma y, entre otros elementos que deberán considerarse:


· No son aplicables los recursos mínimos exigidos por el reglamento de extranjería para la reagrupación familiar. Por tanto, deben aceptarse medios económicos iguales o en cuantía inferior a los de la reagrupación familiar inicial en atención a los siguientes parámetros:

1. Criterio equivalente a la reagrupación familiar inicial. Se concederá, en todo caso, si se aportan medios equivalentes a los de una autorización inicial por reagrupación familiar. El IPREM para 2020 asciende a 537,84 euros por lo que una unidad familiar de dos miembros requiere 806,76 euros/mes, de tres: 1.075,68 euros/mes y de cuatro: 1.344,60 euros/mes.

2. Criterio de actividad laboral estable con ingresos iguales o superiores al salario mínimo interprofesional. En caso de que no se alcancen los umbrales previstos en el apartado i), se entiende, igualmente, que cuenta con recursos suficientes y, por tanto, se concederá la autorización, si los medios económicos provienen de una fuente estable de ingresos igual o superior al SMI. El Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020 lo fija en 950 euros al mes. De acuerdo con la exposición de motivos del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, esta cantidad “les proporcione a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida decoroso”.

3. Aún en el caso de que los medios del familiar no lleguen al SMI pero sí al 80% (760 euros al mes) y se deriven de una actividad laboral estable, esta cuantía se entenderá suficiente en relación a la autorización solicitada por un miembro de la unidad familiar tomando si los demás miembros de la unidad familiar con los que convive son residentes legales.

4. Los demás casos serán objeto de una valoración individualizada por la oficina de extranjería.


· Se valorará la existencia de un contrato de trabajo o del desarrollo de una actividad por cuenta propia y la estabilidad de estos como fuentes de recursos en los siguientes términos:


1. Se entenderá que existe un contrato de trabajo (y, por tanto, hay estabilidad), entre otros casos, en aquellos en los que el familiar se encuentre afectado, en el momento de presentar la solicitud, por un procedimiento de suspensión de contrato por causa de fuerza mayor o por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, de acuerdo con las especialidades introducidas por el Real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Igualmente, la relación laboral se mantiene cuando se produzca una reducción, total o parcial, de la jornada en relación con personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social. En relación con las actividades por cuenta propia, la continuidad de la actividad se entenderá acreditada, en todo caso, si se estuviese percibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad.

2. Se tendrán en consideración el reconocimiento y/o percepción del ingreso mínimo vital, prestación contributiva por desempleo, subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal, subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, prestación extraordinaria por cese de actividad, cualquier prestación económica asistencial de carácter público, así como de otras extraordinarias que puedan introducirse a raíz del COVID 19.


Subrayase que los vínculos familiares a través de los cuales podemos acreditar recursos económicos propios son a través de tu cónyuge, pareja de hecho registrada, ascendientes y descendientes en primer grado y línea directa.


En el eventual análisis de viabilidad que puede desarrollar la oficina de extranjería respecto a los contratos presentados en el marco de los procedimientos relativos a autorizaciones de residencia temporal por razones de arraigo social sujeta a un contrato de trabajo de un año de duración no se perjudicará al extranjero por la eventual falta de viabilidad de la actividad empresarial cuando esta se haya visto afectada por la crisis del COVID 19. No obstante, esta flexibilización no amparará el uso fraudulento de la figura, manteniéndose como causa de denegación de acuerdo con el artículo 124 del Reglamento.

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© Marcelo Buratto Consultor para España Más. Creado con Wix.com